(Un artículo de Ricardo Leiva en el suplemento económico de El Mundo
del 7 de febrero de 2010)
Desde que fue creado, en 1981, el sistema privado de pensiones de Chile
ha sido paradigmático en muchos sentidos y exportado, con algunas variaciones,
a otros países. Su objetivo: otorgar a los trabajadores, y no al Estado, la
capacidad de generar y administrar los recursos económicos con que se
financiarán sus pensiones de vejez e invalidez. La ley fue diseñada por el
entonces ministro José Piñera, hermano del presidente electo Sebastián Piñera,
e implantada bajo la dictadura de Augusto Pinochet. José Piñera aseguraba entonces
que el sistema estatal de reparto era ineficiente, regresivo y entregaba malas
pensiones: «Tiene una falla fundamental, originada en una concepción errónea
del comportamiento humano: destruye el vinculo entre contribuciones y beneficios,
en otras palabras, entre responsabilidades y derechos. Cuando esto sucede en
una escala masiva y durante un periodo largo de tiempo, el resultado final es
un desastre».
Aunque este régimen previsional ha sido perfeccionado por la coalición
de centro-izquierda que gobierna en Chile desde 1990, sigue despertando
encendidos debates en todos los sitios donde se plantea. Aquí en España, Pedro
Solbes acusó a Manuel Pizarro de querer importar «el sistema privatizado de
pensiones impuesto en Chile por Pinochet», durante el debate televisado que
enfrentó a los dos en la última campaña electoral. Más recientemente, el Premio
Nobel de Economía Paul Krugman visitó Santiago y se despachó a gusto en contra
del modelo liberal de sus anfitriones: «En 2005 en Estados Unidos estaba de
moda adoptar el sistema de pensiones chileno, pero gracias a Dios seguimos
teniendo un modelo estatal. De lo contrario, en nuestro país se hubiese producido
otra gran crisis».
Krugman olvidó que según las proyecciones que maneja el Capitolio, en
dos décadas más los ingresos del sistema de reparto serán menores que los
pagos, y las reservas se agotarán en tomo a 2040. Es la misma crisis fiscal que
amenaza a países europeos cuyas poblaciones envejecen, como España, […]: si cae
la tasa de natalidad y aumenta la expectativa de vida de las personas, hay
menos trabajadores activos y más jubilados, entonces el sistema reduce los beneficios
prometidos y surge el fantasma de la bancarrota.
El modelo chileno intenta evitar eso con la siguiente fórmula: a) está
basado en la cotización obligatoria de los trabajadores, quienes depositan en
cuentas personales el 10% de sus remuneraciones; b) ese dinero es gestionado
por empresas privadas, las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que
compiten por alcanzar la mayor rentabilidad para atraer nuevos clientes; c) los
trabajadores eligen libremente la AFP y el fondo, entre cinco alternativas,
dependiendo de su mayor o menor aversión al riesgo; d) las AFP invierten esos
ahorros en instrumentos de renta fija y/o variable, previamente autorizados por
los organismos reguladores, dependiendo de la selección de los cotizantes; e)
la AFP y el fondo son entidades distintas: si aquella quiebra, el fondo se
traspasa a otra empresa; y f) el Estado cumple un rol meramente fiscalizador y
subsidiario: controla y supervisa a las AFP y garantiza las pensiones de
quienes no acumulan ahorros suficientes.
Gracias a los fondos de pensiones, la tasa de ahorro de Chile supera
establemente el 20% del Producto Interior Bruto, duplicando la que existía a
principios de los 80. Como el dinero reunido por las AFP se invierte
principalmente en la economía doméstica, el mercado de capitales se ha
desarrollado más que el de cualquier otro país latinoamericano, debido a que
recibe cada año aportaciones millonarias para financiar y construir
infraestructuras y proyectos empresariales en todos los ámbitos. El moderno
mercado local de acciones y bonos sería impensable sin la existencia de las
AFP.
Por si lo anterior fuese poco, los cotizantes han obtenido
rentabilidades muy superiores a las exhibidas anteriormente: cada año, los fondos
privados se han valorizado cerca de un 10%, en promedio, y las pensiones de
vejez son un 40% superiores a las que existían con el esquema estatal. Cuando
las vacas enflaquecen, sin embargo, la rentabilidad cae: en 2008 descendió un
20%, en promedio. Sin embargo, como el año pasado la Bolsa de Santiago
experimentó un sólido repunte, la rentabilidad de las AFP subió un 24%, como media,
recuperándose de todas las pérdidas.
Los críticos se quejan de que el régimen previsional sigue siendo poco
representativo, y que se ha concentrado en unas pocas compañías que se
enriquecen a cambio de gestionar, costosamente, los ahorros obligatorios de
siete millones de asalariados. Los trabajadores siguen sin tener una silla en
los consejos de administración de las AFP y pagan comisiones muy altas por la
administración de su dinero, las que bordean el 2% de sus rentas imponibles.
Además, el nivel de participación de los autónomos es bajo. Como no
están obligados a cotizar, sólo el 4% lo hace. Por ello, algunos analistas
temen que el Estado se vea obligado a cubrir, algún día, la mitad de las jubilaciones,
las que no contarán con ahorros mínimos. Previsiones más optimistas aseguran
que el fisco sólo tendrá que hacerse cargo del 5%.
Otros detractores dicen que el sistema discrimina a las mujeres, las
que pueden jubilarse con 60 años y no con 65, como los hombres. Por ello, sus
jubilaciones son menores. La presidenta socialista Michelle Bachelet se ha
negado, sin embargo, a subir la edad de jubilación femenina, porque supondría
la pérdida de un derecho.
Bachelet introdujo esta misma semana una nueva reforma legal para
afrontar algunos de los problemas descritos: para reducir las comisiones, su
Gobierno acumuló una cartera de nuevos cotizantes y la licitó públicamente. El
empresario que se adjudicó el concurso se comprometió a cobrar comisiones más
económicas. Así, se introdujo más competencia en un mercado que se ha
concentrado con el paso del tiempo: cuando nació tenía 12 empresas; hoy cuenta
con la mitad.
Aunque el modelo chileno carga con el pecado original de haber sido
gestado por una dictadura, hoy goza de una gran legitimidad. La Concertación
que ha gobernado Chile durante 20 años tiene muchísima responsabilidad al
respecto: ha introducido cambios dentro del sistema, pero nunca ha planteado un
cambio de sistema, «porque ha funcionado y ha sido exitoso», ha dicho el ex
presidente socialista Ricardo Lagos.
En Chile son absolutamente marginales las voces que
proponen una nacionalización de las pensiones, como la dispuesta por la
presidenta y el Parlamento de Argentina, en noviembre de 2008. Los trabajadores
chilenos saben que las pensiones son de su propiedad y que, con cada
cotización, ellas crecen de forma proporcional a sus esfuerzos. Ningún Gobierno
ha intentado, hasta ahora, apropiarse de aquello.
