Medio año trabajando para pagar a hacienda

(Un texto de Cristina Berechet en el suplemento económico de El Mundo del 21 de abril de 2013)

[…] La liberación fiscal o Tax Freedom Day es el día en el cuál una sociedad ha ganado el dinero suficiente como para cumplir con sus obligaciones tributarias anuales. Son 108 días de trabajo en un año los que un estadounidense dedica a pagar los impuestos federales y estatales. Sin embargo, a partir del 2002, EEUU está incurriendo en un déficit anual superior al billón de dólares. Si incluimos esa deuda, que al fin y al cabo representa las subidas de impuestos que se tendrán que pagar en el futuro, el Día de la Liberación Fiscal llegaría 21 días más tarde, el 9 de mayo.

Aunque fue en EEUU donde se calculó por primera vez la liberación fiscal, hoy en día la mayoría de los países desarrollados elaboran este índice. El Fraser Institute (http://www.fraserinstitute.org/research-news/display.aspx?id=18388) publicó el año pasado que, en el caso de los canadienses, ese día se retrasó hasta el 11 de junio, o el 23 de junio si se incluye el déficit. En España, si un contribuyente desea conocer su Día de la Liberación Fiscal, puede hacerlo con la calculadora de impuestos (http://www.civismo.org/es/investigaciones/calculadora-de-impuestos) que ha desarrollado el think tank Civismo, la cual tiene en cuenta la variación de la presión fiscal de cada ciudadano según su lugar de residencia, nivel de renta y hábitos de consumo. En nuestro país, el año pasado, el trabajador medio estuvo basta el 4 de mayo pagando sus impuestos. Hasta el 28 de junio si se incluyen las cotizaciones a la Seguridad Social del empresario, y el 24 de julio, si tenemos en cuenta el déficit público. No obstante, dadas las últimas subidas de impuestos, habrá que esperar hasta mayo para conocer, con exactitud, el Día de la liberación Fiscal en España.

Vivir para ver, ¡¡mejor el FMI!!

(Un texto de Enrique Mora en el suplemento económico de El Mundo del 2 de mayo de 2010)

El futuro ya no es lo que era es una antigua e ingeniosa fórmula acuñada para aquellas situaciones en las que las expectativas -y las esperanzas- parecen deteriorarse sin remedio. Bien podría ser ése el lema de la Unión Europea desde la entrada en vigor el Tratado de Lisboa. Lo que se anticipaba como un nuevo periodo dorado del proyecto europeo se está estrenando con una de sus peores épocas de paralización e incompetencia.

La Unión nunca ha estado bien preparada para lidiar con situaciones de crisis. El complejo sistema de toma de decisiones impide la agilidad necesaria en esas circunstancias. Se suponía que el Tratado paliaría esta carencia. Pues no.

El Gobierno griego anunció en octubre de 2009, poco después de llegar al poder, que estaba revisando «sustancialmente al alza», las cifras de déficit público dejadas por sus predecesores. Ya desde ese momento era evidente que se estaba cocinando una crisis de deuda y que Grecia necesitaría ayuda. Hace medio año de aquello y las instituciones europeas siguen discutiendo un plan de rescate. Mientras tanto, el mercado dio hace semanas su veredicto a través de la subida de tipos de interés de la deuda griega y de las primas pagadas para asegurarla: Grecia suspenderá pagos.

En qué medida y cuándo son las incógnitas a despejar, no el hecho en sí. En una crisis como ésta, el tiempo es el peor enemigo. Los actores económicos acomodan sus expectativas por días, cuando no por horas. Es falso que los especuladores sean los responsables de una quiebra de este tipo -no hay más responsable que la sociedad griega- pero sí son los primeros en reaccionar. Tras ellos va la cadena de inversores institucionales y privados. A la cola del pelotón van los ciudadanos. Pues bien, los griegos con ahorros llevan ya semanas sacando su dinero del país. Es la puntilla para un sistema financiero ya bastante descapitallzado. Y la Unión sigue sin reaccionar.

Cuando se busca un responsable a la incapa· cidad europea, el dedo acusador apunta en gran medida hacia Alemania. La actitud de la canciller Merkel, que teme perder votos e impide una decisión sobre la ayuda antes de las elecciones regionales en Renania del Norte, es señalada en Bruselas como la causa principal de la paralización. Aunque las instituciones comunitarias tienen parte de culpa, es en efecto la actitud alemana la que está detrás de gran parte del deterioro en los mercados.

Pero es que Alemania tiene todo el derecho a negarse al rescate financiero de Grecia. Y legitimidad para hacerlo. Las reglas de juego del euro han estado claras desde el principio: el artículo 125 del Tratado prohíbe expresamente las ayudas extraordinarias en situaciones como las que vive Grecia, y ésta fue una de las condiciones impuestas por Alemania para abandonar el marco.

La triquiñuela legal buscada por la Comisión para justificar la ayuda, el articulo 122, que se refiere a «situaciones de necesidad crea· das por desastres naturales o sucesos extraordinarios fuera del control de un Estado miembro», da una idea de la calidad de las propuestas y las decisiones planteadas.

Berlín tiene perfecto derecho a oponerse a semejante enjuague. A lo que no tiene derecho es a jugar, por razones de política interna, con una situación de esta gravedad. Y eso es lo que está haciendo. El sí, pero no nos lleva a todos al borde del precipicio.

La señora Merkel no quiere perder votos, pero tampoco puede permitir que sus bancos pierdan una parte sustancial de los 30.000 millones de euros en bonos griegos que atesoran (es un decir) en sus balances. La consecuencia es que no da su asentimiento al plan de rescate, al menos no antes de las elecciones del 9 de mayo, pero no puede rechazarlo. No es indecisión ante dos malas alternativas; es irresponsabilidad. El hecho inaudito de llevar a Berlín, el pasado miércoles, al director del FMI y al gobernador del BCE para que convencieran a todos de la gravedad de la situación tampoco avala su liderazgo.

Es Grecia quien debe cortar este nudo ante la incapacidad de la UE para dar una respuesta. La solución sólo puede ser recurrir al FMI, olvidarse de la Unión, y negociar un plan de rescate con una entidad que pone condiciones duras, pero que da seguridad y hace previsible el futuro. Y eso es lo que más necesita Atenas en este momento. Y da una ayuda más barata. No es una de las paradojas menores de esta historia que el FMI preste al 2% y la UE al 5%. El golpe a la credibilidad de la Unión sería mayúsculo, pero quizá sea lo que necesite para despertar de una paralización irresponsable. Mientras no lo haga, será parte del problema y no de la solución.

El coste de la indiferencia

(Un texto de Jorge Parra en el suplemento económico del Heraldo de Aragón del 15 de junio de 2014) 

La deficiente atención al cliente puede provocar daños irreparables a una marca. Uno de los casos más curiosos lo protagonizó United Airlines cuando ignoró las demandas de Dave Carroll, compositor y cantante folk, que se ganaba la vida modestamente cantando en pequeñas ciudades de los Estados Unidos. Su querida guitarra Taylor quedó destrozada cuando operarios de United la arrojaron negligentemente al carro de equipaje de transporte en el aeropuerto O'Hare de Chicago. Cuando la compañía no respondió a sus insistentes reclamaciones, decidió hacer lo que mejor sabía: grabó un video con una canción de denuncia titulada 'United rompe guitarras' y lo colgó en la red social Youtube. El departamento de comunicación de United no pudo evitar que el video alcanzara los nueve millones de reproducciones llegando a una audiencia de 100 millones de personas. El valor de las acciones de United se desplomó más de un 10%. Una reclamación de 1.200 dólares costó a los accionistas de la línea aérea más de 180 millones de dólares, nada menos que el equivalente al valor de 50.000 guitarras como la de Dave.

Administración pública: nuestro ogro filantrópico

(Un texto de Lorenzo B. de Quirós en el suplemento económico de El Mundo del 16 de marzo de 2014)

El tamaño óptimo del sector público ha sido y es objeto de un debate permanente. Los liberales clásicos son partidarios de un Estado mínimo limitado a garantizar la defensa exterior, a suministrar justicia a proteger los derechos de propiedad, hacer cumplir los contratos y ofrecer una red básica de seguridad a quienes sean incapaces de obtenerla con sus propios medios. Los socialistas de todos los partidos, de izquierdas y de derechas, propugnan una intervención estatal mucho más amplia para corregir los fallos del mercado y para redistribuir la renta. Sin embargo, esa apasionante discusión político-filosófica es irrelevante en la actual coyuntura española. La crisis ha puesto de relieve la incapacidad de la economía nacional de financiar su actual nivel de gasto sin generar un endeudamiento insostenible en el medio y largo plazo. En 2013, a pesar de la ingeniería contable aplicada, el déficit para el conjunto de las AA.PP. se situará en el 6, 7% del PIB y la deuda pública mantendrá su carrera alcista durante los próximos años.

La tesis manejada por el Ministerio de Hacienda para justificar el agujero de las cuentas públicas es la insuficiencia de ingresos fiscales; es decir, los españoles no pagan los impuestos necesarios para cubrir los desembolsos de las Administraciones Públicas por lo que éstas han de endeudarse. Este planteamiento confunde la causa del problema con sus efectos. La literatura económica y la evidencia empírica muestran la existencia de una estrecha correlación entre el sistema fiscal imperante en un país y su volumen de fraude/economía sumergida. Para decirlo con claridad, cuánto más altos son los tributos, mayor es la propensión de los individuos y de las empresas a defraudar. 

Además, el aumento del número de evasores crea una externalidad negativa, ya que se incrementa el coste de perseguir y castigar la evasión fiscal. Por ello, la bajada de los impuestos disminuye los incentivos para evadir, lo que eleva la recaudación tributaria. En España, aproximadamente la mitad del fraude y de la economía informal son directamente imputables a la excesiva carga impositiva soportada por los individuos y por las compañías (ver Schneider and Buehn, Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What are the Driving Forces?, 2012). El fisco hispano exprime tanto a los contribuyentes que el margen para que nuevas subidas de impuestos se traduzcan en mayores recursos para el Estado es inexistente. Por tanto, la manera de incrementar las bases fiscales, clamor permanente del Ministerio de Hacienda, pasa por disminuir la fiscalidad sobre las personas físicas, sobre las jurídicas y sobre el capital. 

Es posible relativizar la dimensión del Estado en la economía nacional si se acude a comparaciones internacionales entre los ratios de gasto/PIB, de presión fiscal, etcétera, existentes en España y en otros países industrializados. Esto conduciría a considerar el ogro filantrópico hispánico como pequeño o mediano, lo que es un espejismo. De acuerdo con los datos de la última Encuesta de Población Activa, 14.210.480 trabajadores del sector privado financian a 16.770.632 ciudadanos -pensionistas, desempleados y trabajadores- cuyas rentas dependen del sector público. Cada cinco ocupados en la economía productiva mantiene a seis que no generan riqueza. Esta realidad no está distorsionada por el brutal incremento del paro y por su impacto alcista sobre los gastos para cubrirlo, porque esta situación es el efecto estructural de un sistema de protección al desempleo que incentiva la permanencia en el paro de sus teóricos beneficiarios. Para más inri, el empleo público se sitúa prácticamente en los mismos niveles de 2007, el último año de la expansión, y muy pocas autonomías han puesto sus finanzas en orden o están en el camino de hacerlo. 

Guste o no, la reducción del binomio déficit-deuda es imposible sin reformar el denominado Estado del Bienestar. Éste absorbe el 52,6% del gasto público total y crecerá de manera exponencial en los próximos años por el envejecimiento de la población. A pesar de ello, se considera que esos programas son intocables. El pretexto para la inacción es el supuesto coste social, sobre todo, para las capas más desfavorecidas de la población que ello implicaría. Esto es una falacia. Eurostat mide la eficiencia de un Estado del Bienestar por el porcentaje de los hogares que quedarían por debajo del umbral de pobreza, definido por el 60% de la renta media disponible en cada país, en ausencia de transferencias sociales. Si se aplica este test al Estado del Bienestar español, el resultado es de una mediocridad aplastante. Sin sus transferencias, un 22% de las familias españolas caerían por debajo de aquel umbral. Con ellas, se reduce ese riesgo al 19% de los hogares. ¿Para conseguir ese éxito hace falta gastar más del 50% del Presupuesto? 

El Estado español tiene unas dimensiones que la economía no es capaz de soportar. La raíz de los problemas presupuestarios patrios no es la insuficiencia de los ingresos tributarios, sino el exceso de gasto. Sin un adelgazamiento de las funciones de las administraciones públicas no será posible reconducir su endeudamiento a la senda de la sostenibilidad y será necesario mantener una elevada fiscalidad para soportar el gasto estatal, lo que penalizará el crecimiento económico y la creación de empleo. Al mismo tiempo, cuanto mayores sean los grupos cuyos ingresos dependen del sector público, mayores serán las demandas políticas para aumentar su expansión y, de nuevo, la fiscalidad para hacerle frente. Este es el círculo vicioso que puede conducir a una hispano- esclerosis, argumento desagradable en los albores de la recuperación. 

En este contexto, la discusión entre liberales y estatistas se ve superada por la dura realidad: es imprescindible achicar el sector público español, condición sine qua non para reducir su endeudamiento y para que la economía crezca, genere riqueza y puestos de trabajo. Por añadidura, la estrategia (¿?) fiscal y presupuestaria del Ministerio de Hacienda no es explicable ni siquiera desde una óptica electoral. De los 19 gobiernos de la OCDE que emprendieron drásticos recortes del gasto público entre 1975 y 2008, el 63% de ellos fueron reelegidos. Sólo perdieron las elecciones los que hicieron reposar el peso del ajuste en el aumento de los impuestos. Si el PP pierde las generales de 2015 o no alcanza una mayoría suficiente para gobernar, lo que sería un desastre a la vista de las alternativas disponibles, el ministerio de Montoro habrá realizado una brillante contribución a ese resultado. 

Apuestas arriesgadas

(Un texto de José García Montalvo en el suplemento económico de El Mundo del 14 de septiembre de 2008)

Imaginemos que una empresa está construyendo un puente. La constructora decide elevar su altura e ir quitando algunos pilares para ahorrar costes, pues dice que no son tan necesarios. El supervisor, que trabaja para el gobierno, acepta las sucesivas propuestas de eliminación de pilares: «Estamos en una economía de mercado y las empresas tienen que ganar dinero. Además, estas innovaciones estructurales son muy estéticas. El puente parece que vuela.» Finalmente el puente se hunde. El supervisor paga las reparaciones a las víctimas, borra de su memoria lo ocurrido y saca a concurso el próximo puente.

Esto es más o menos lo que ha pasado con los gigantes hipotecarios Freddie Mac y Fannie Mae. Cualquier inversión es una apuesta arriesgada, por mucho que algunos banqueros y pseudogurús financieros nos intenten convencer de que ellos tienen los modelos que predicen qué pasará. A diferencia de jugar a la ruleta, en donde sabes con exactitud la probabilidad de que salga cada número o combinación, en las inversiones financieras no se puede calcular con una mínima precisión la probabilidad de eventos que no han sucedido en el pasado. Es lo que Taleb llama «cisnes negros» en su best-seller. Por este motivo, hacer modelos de valoración basados en datos del pasado (por muy sofisticados que sean) puede provocar grandes desastres. Si la apuesta es muy elevada, incluso si el suceso inesperado tiene una probabilidad muy pequeña, el caos puede ser monumental. 

¿Cuál fue la apuesta de Freddy, Fannie y gran parte del sistema financiero estadounidense? Que los precios agregados de la vivienda en EE.UU. no bajarían. Pero obviamente era un error lógico inferir del antecedente -«no hay evidencia de una caída de los precios agregados en EE. UU.» el consecuente «hay evidencia de que los precios agregados en EE.UU. no pueden caer». Si todo el sistema financiero, o una parte importante del mismo, juega a la misma apuesta se genera un «riesgo sistémico» que obliga al regulador a intervenir para evitar que la caída de unas entidades gigantescas pueda arrastrar al resto de sistema. 

La cosa se complica adicionalmente si además de dejar de construir el puente cada vez más alto se permite reducir el número y tamaño de las vigas. La historia de Freddy Mac y Fannie Mae se puede caracterizar como de progresiva desregulación. Teniendo en cuenta los incentivos de sus ejecutivos y los de las empresas de rating que valoraban los instrumentos financieros que Fannie y Freddie creaban, esta desregulación auguraba problemas. 

Por si todo esto fuera poco, Freddie y Fannie ya habían dado muestras en los últimos 10 años de su capacidad para producir contabilidad altamente creativa. Recordemos el último episodio: en 2003 los directivos de Freddie y Fannie admitieron haber manipulado los ingresos por valor de 11.300 millones de dólares. Los reguladores, en lugar de vigilar más de cerca, siguieron mirando de reojo. Resultado: cuando se han inspeccionado las cuentas, antes de proceder a la intervención, se ha visto que las empresas no habían reducido el valor de sus activos subprime para reflejar los precios actuales de mercado, sino que habían maquillado créditos y habían cambiado el criterio de reconocimiento de morosos (de considerar moroso el pago con retraso de más de 90 días, lo habitual en EEUU, pasaron a más de dos años). Todo esto con el objetivo de diferir pérdidas hacia el futuro y posponer el reconocimiento de falta de capital. 

Hay que reconocer que el Gobierno estadounidense ha actuado tragándose su orgullo de pilar del capitalismo, a pesar de saber que sería acusado de hipocresía: el adalid de la libertad económica se pone a nacionalizar empresas privadas. Con todo, no es la primera vez que el gobierno federal interviene para salvar empresas privadas. Recordemos la crisis de las cajas de ahorros de finales de los 80, o las crisis de Chrysler o Lockheed. Más recientemente las subvenciones a líneas aéreas tras los atentados terroristas del 11-S, el salvamento del fiasco del Long Term Capital Management (otra apuesta muy arriesgada que salió mal) o la actuación en Bear Steams. Pero reconocer los errores y actuar no es suficiente. Si el riesgo sistémico aumentaba significativamente con entidades muy grandes haciendo la misma apuesta, ¿por qué no se evitó que crecieran tanto, sobre todo cuando Freddie y Fannie eran empresas esponsorizadas por el gobierno? ¿No sería más fácil hacer un puente más bajo y asegurarse de que están todas las vigas que hacen falta, que pagar indemnizaciones a las víctimas si se hunde? ¿No es mejor regular que limpiar los desastres? Y sobre todo, ¿no se debería aprender de los errores del pasado?

Un país poco previsor que castiga al ahorrador

(Un texto de Josune Ayestarán en el suplemento económico de El Mundo del 16 de marzo de 2014)

Posponer la edad de retiro y recurrir a fondos privados son las principales medidas adoptadas por los países para mantener a flote sus sistemas de pensiones. Los recortes en las prestaciones y el retraso en la edad de jubilación pueden ayudar a reducir el gasto, pero el horizonte continúa nebuloso.

Así lo recoge el informe Pensions at a Glance 2013 (http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf) cuyas estimaciones apuntan que 28 países del grupo OCDE31 aumentarán su gasto público en pensiones entre 2010 y 2050, un gasto que crecerá a más velocidad que su PIB. En 2010, el porcentaje del PIB destinado a estos subsidios en la OCDE28 se situó, de media, en el 9,3%, pero se espera que en 2050 alcance el 11,7%. Sólo Dinamarca, Francia, Italia, Suecia y EEUU conseguirán mantener este desembolso, siendo Polonia y Estonia los únicos que experimentarán una reducción destacable. En el caso de España, se calcula pasar del 10,1% de 2010 al 14% en 2050. 

En este contexto, los planes de pensiones privados están llamados a jugar un papel crucial. Entre 2009 y 2010, la población en edad de trabajar que contaba con un plan de este tipo ascendía al 88% en Holanda; en España, se quedaba en un tímido 18,6%. En cuanto a estímulos fiscales, en 2003 la República Checa se convertía en el país con mayores incentivos, seguido de Alemania y Canadá. 

El Gobierno ha anunciado nuevos incentivos para invertir en fondos de pensiones y ya tiene en su poder las propuestas de los expertos para la reforma fiscal. Ahora toca esperar para ver cuáles son llevadas finalmente a la práctica y en qué grado respetan el derecho de los ciudadanos a decidir cómo planificar su propio retiro.