En España, cualquier actividad empresarial
se topa con una interminable lista de trabas administrativas. Nuestro país sale
muy mal parado en el último informe ‘Doing Business’ del Banco Mundial, que nos
sitúa en el puesto 82, de un total de 189 países, en facilidades para crear una
empresa.
Estamos a la cola de los países
occidentales y, lo que es más triste, por detrás de Zambia, Mongolia, Egipto, Burkina
Faso, Burundi o Afganistán. Para empezar a andar, una compañía en España
requiere poner en marcha siete procedimientos que cuestan una media de 14 días.
Esto representa una gran diferencia con los países de nuestro entorno y es uno
de los mayores lastres para la inversión. ¿Por qué en Portugal solo son necesarios
tres trámites que tardan una media de 2,5 días? ¿Cómo es posible que no nos
tomemos este tema con la seriedad que merece?
La hiperregulación es uno de los
principales problemas de la economía española. Cada vez que los costes de
entrada en el mercado se incrementan un 10%, la densidad de empresas desciende
un 1%, con efectos negativos para la competencia, la productividad, la
innovación y el empleo. Como dijo el historiador romano Cornelio Tácito,
«cuanto más corrupto es un país, más leyes tiene».
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