Parmesano ¿de Wisconsin?

(Un texto de Elena Hita en el suplemento económico de El Mundo del 16 de marzo de 2014)

El parmesano de Wisconsin no es parmesano. Ha empezado con los quesos, pero amenaza con extenderse a la naranja valenciana, al prosciutto italiano o a la salsa boloñesa. En el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre EEUU y Europa, el Viejo Continente exige a los productores de quesos del otro lado del Atlántico que cambien las etiquetas de aquellos lácteos con denominación de origen. Porque el parmesano es de Parma, el gorgonzola, de Milán, y el feta, de Grecia; cualquier variedad de queso con denominación de origen fabricado en EEUU tendrá que llamarse de otra manera. Los fabricantes estadounidenses, con el gigante Kraft a la cabeza, están haciendo lobby para no llegar tan lejos.

Un subsidiado por cada trabajador

(Un texto de Carlos Cuesta en el suplemento económico de El Mundo del 28 de febrero de 2010. Y si esto asusta, ahora, cuatro años más tarde, las cosas aún están peor)

Los 17,5 millones de empleados que actualmente trabajan en España financian las rentas que reciben del Estado 14,2 millones de pensionistas y desempleados.  

La salud del sistema de prestaciones públicas no está tan garantizada como asegura el Gobierno. La fuerte pérdida de empleo -con una destrucción de dos millones de puestos de trabajo desde el comienzo de la crisis- y la consiguiente caída del número de cotizantes a la Seguridad Social y de pagadores de impuestos han llevado a España a una realidad que ningún político puede sostener con meras palabras: cada trabajador soporta ya en sus espaldas casi a una persona receptora de prestaciones del Estado.
 
El número total de dependientes de estas prestaciones o subsidios alcanza ya el 81% de la cifra de trabajadores afiliados a la Seguridad Social. Es decir, roza el temido uno a uno -un sueldo del que debe vivir el propio trabajador y, además, pagar a una persona cuya subsistencia depende de una renta pública por desempleo, jubilación o viudedad-, un dato al que el Ejecutivo no se refiere.
 
Las últimas estadísticas de la Seguridad Social revelan que el número de trabajadores, incluidos los autónomos, se sitúa en 17,5 millones. Mientras, el número de personas que recibe una pensión por jubilación (contributiva o no) supera ya los nueve millones. La cifra de receptores de pagos por desempleo alcanza casi los 2,9 millones. Y los ciudadanos que ingresan cada mes las rentas por viudedad integran un colectivo de casi 2,3 millones de personas. O lo que es lo mismo, el número total de ciudadanos que depende de las grandes prestaciones estatales sobrepasa los 14,2 millones.
 
Por su parte, el colectivo de pagadores de todas estas rentas tan sólo supera al de perceptores en 3,3 millones de personas. Los responsables del Gobierno prefieren no recordar este dato. Y suelen comentar exclusivamente el número de jubilados que han cotizado a lo largo de su vida laboral para poder disfrutar de una pensión pública, colectivo, ése sí, que se reduce a 8,6 millones de personas, cifra mucho más cómoda a la hora de intentar justificar la salud del sistema. Pese a ello, el resto de los perceptores de rentas públicas sigue salpicando las estadísticas de la Seguridad Social.
 
Los datos por comunidades autónomas son igualmente reveladores. Dos autonomías han sobrepasado directamente ya el nivel de un perceptor por un trabajador. Se trata de Asturias y Galicia, comunidades en las que el envejecimiento de la población y el paro han provocado un fuerte impacto económico. Galicia cuenta con un millón de trabajadores. Mientras, el colectivo de receptores de rentas públicas se eleva a 1,1 millones de personas. En Asturias la situación es aún más severa: 380.438 trabajadores, frente a un volumen de receptores de 444.135, o lo que es lo mismo, los dependientes de los pagos del Estado suponen ya el 117% del número de cotizantes al sistema.
 
Y, aunque es verdad que la Seguridad Social sigue contando con una caja única central, no dividida entre las autonomías, lo cierto es que no parece que los cotizantes del resto de los territorios estén en condiciones de asistir sin problemas a las regiones más perjudicadas por la crisis.
 
Así, tres comunidades más se encuentran en el grupo de datos claramente negativos. Se trata de Castilla y León, Cantabria y Extremadura. En todas estas regiones el número de dependientes del Estado ronda el 95% del volumen de trabajadores. Y otras tres regiones más -Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Andalucía- se encuentran, en esta clasificación, con un ratio de entre el 85% y el 90%. En el lado contrario, el grupo de autonomías donde todavía parece haber margen para que sus trabajadores sigan alimentando las prestaciones públicas se reduce a Madrid, donde el colectivo de perceptores de rentas se limita a un 56% del número de cotizantes.
 
Otras dos comunidades más muestran datos medianamente optimistas. Se trata de País Vasco y Navarra, donde cada empleado o autónomo soporta a poco más de 0,6 receptores de rentas. Ambos territorios, bajo régimen foral, aportan al esquema de la Seguridad Social bajo las mismas reglas que el resto de las autonomías españolas; un principio, sin embargo, que no se mantiene en su contribución por impuestos.
Todos estos datos se han convertido en la clave de las exigencias internacionales a España de una reforma de su sistema de pensiones. Peticiones a las que el Gobierno respondió hace un mes con la propuesta -incorporada y posteriormente puesta en duda por el propio Ejecutivo- de alargar la vida laboral hasta los 67 años y de ampliar el número de años tomados en cuenta para calcular la pensión de jubilación. Ambas medidas supondrían, de hecho, un incremento medio de las aportaciones al sistema y, a la vez, una rebaja generalizada de las prestaciones por pensiones. Porque, como acaba de recordar a España el miembro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo, José Manuel González-Páramo, la reforma de las pensiones «es algo que viene siendo demandado por muchos estudiosos desde hace muchos años». González-Paramo aclara que «un sistema de pensiones funciona sobre la base de gente que paga y gente que cobra. Si la gente que paga tarda más en incorporarse al mercado laboral y trabaja menos años, y la gente que percibe vive más años, parece lógico que haya que restaurar la proporcionalidad contributiva del sistema».

La maldición del ganador

(Un texto de Jorge Parra en el suplemento económico del Heraldo de Aragón del 1 de junio de 2014)

Los precios desorbitados pagados en las subastas por las frecuencias de telefonía móvil en la década de 2000 estuvieron a punto de arruinar a muchas empresas. Lo mismo ocurrió en los cincuenta del siglo pasado con los campos petrolíferos, por los que las compañías pujaban al alza con expectativas desconocidas y grandes márgenes de error. En una situación donde hay varios Iicitadores, cada uno hará una oferta basada en su estimación del valor y siempre ganará el más optimista. Sin embargo, el más optimista es también el que probablemente haya sobrestimado más el valor. Esta tendencia a pagar en exceso, conocida como «maldición del ganador», provoca que el vencedor en una subasta sea muchas veces el auténtico perdedor. 

¿Por qué sucede esto? Básicamente por tres factores: la incertidumbre sobre el valor real, el optimismo excesivo y el deseo de ganar a la competencia. Para evitar caer en este error Warren Buffett aconseja no participar en subastas. Rolf Dobelli tiene una buena regla a seguir en un proceso de negociación para evitar la «maldición»: «Fije un precio máximo y quítele un 20%. Escriba la cifra en un papel y aférrese a ella inflexiblemente».