(Un texto de Lorenzo B. de Quirós en el suplemento económico
de El Mundo del 7 de julio de 2013. Aunque desfasado respecto a la actualidad,
conviene recordar un poco de teoría económica.)
Los
últimos datos de paro registrado consolidan la tendencia a la baja del desempleo
y son el preámbulo del final de la recesión en el segundo semestre de 2013. Las
ganancias estructurales de competitividad externa, el intenso desapalancamiento
de las familias y de las empresas, el vigoroso
proceso de creación de pymes, el
progresivo saneamiento
del sistema bancario y la mejora de la percepción de los inversores sobre la
economía española, reflejada en la trayectoria alcista de la bolsa y bajista de
la prima de riesgo, crean las condiciones objetivas para el retorno a tasas de crecimiento
y de generación de puestos de trabajo mucho más fuertes que las proyectadas por
el consenso de los analistas y por los organismos internacionales.
Este cambio de situación y de expectativas es el
resultado del fuerte ajuste realizado por el sector privado desde el comienzo
de la recesión y de las reformas estructurales
introducidas y anunciadas por el Gobierno del
Partido Popular.
En ese contexto se enmarca la
discusión sobre la política desplegada por el Ministerio de
Hacienda y de AA. PP. La interpretación de las críticas a
su diseño y ejecución como una expresión de intereses personales o políticos concretos, como un ataque
a la estrategia económica general del
Gobierno o como una cruzada contra el responsable de ese Departamento es
infantil y torticera. Las discrepancias con la actuación de un ministro no implica descalificar el conjunto del programa económico
del Gabinete del PP, sino cuestionar una parte concreta de él, porque su
fundamentación teórica es errónea, porque sus resultados son negativos y porque su mantenimiento constituye un importe lastre para lograr una disminución sostenible del binomio
déficit/deuda y salir con fuerza de la recesión.
Este es el fondo de la cuestión y
ponerlo de relieve
constituye un ejercicio de lealtad al proyecto reformista liderado por Mariano
Rajoy.
El
Ministerio de Hacienda y AA.PP. sostiene que el ajuste realizado hasta este
momento es ortodoxo porque se asienta en una reducción del gasto público del 67%
y un aumento de los impuestos del 33%. La historia
enseña que los programas de austeridad exitosos reposan en un 85% sobre los
recortes del gasto estructural y sólo en un 15% sobre la elevación de la
fiscalidad. Además, no todas las subidas impositivas tienen las mismas
consecuencias. En concreto, las alzas de la imposición directa
-renta y
sociedades- tienen siempre efectos nocivos sobre la economía que resultan demoledores en un escenario recesivo o de
incipiente reactivación. Por eso, los recientes datos de la Agencia Tributaria
son poco alentadores.
Como era
previsible, la brutal alza de la imposición ha deprimido la recaudación y
ha incrementado el déficit. Se han subido los impuestos que más castigan la economía y no se ha
reformado/recortado ninguna de las partidas estructurales del
gasto. No existe estudio teórico ni
base fáctica alguna
que respalde la política del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
(ver Biggs A., Hasset K. and Jehnsen M. A guide for Deficit Reduction in USA based on Historical
Consolidations that Worked, AEI, 2010).
En ningún país de la OCDE se ha
producido una elevación de la fiscalidad de la agresividad de la introducida en
España para recortar el déficit público y en ninguno ha
caído y/o se ha estabilizado la ratio presión fiscal-PIB como ha ocurrido en la
vieja Piel de Toro. Por simple regla aritmética, si el PIB cae y los tributos
aumentan, la recaudación, la participación de ésta en el producto sube, lo que
no pasa en la vieja Hispania. Grecia y Portugal, con contracciones del PIB
superiores a la de España desde el inicio de la Gran Recesión, han recaudado más de lo que lo ha hecho el fisco español
sin aumentar la tributación directa
y, en Irlanda, los
ingresos del Estado han iniciado una potente carrera
alcista desde 2010. En todos esos países, los tipos
impositivos sobre la renta y sobre las sociedades son muy
inferiores a los existentes en España.
En suma, las
medidas tributarias del Ministerio de Hacienda y AA.PP son un factor
determinante de la caída de los ingresos. En los últimos años, los aumentos de los
impuestos han ocasionado un descenso de casi siete puntos de la recaudación en
función del PIB que no es imputable en exclusiva a
la crisis.
Por
otro lado, la tesis en virtud de la cual ese hecho se ha producido por la
existencia de un abultado fraude fiscal
supone confundir la causa de ese problema con sus efectos. En
cualquier sociedad siempre habrá
un porcentaje de ciudadanos dispuesto a cumplir sus obligaciones tributarias,
como hay un número de individuos propenso
a cometer otro tipo de delitos. Ahora bien, la literatura y la experiencia disponibles muestran la existencia de una
estrecha correlación entre el marco impositivo vigente en un país y su volumen de
fraude/economía negra. En la práctica, cuánto más altos son los impuestos,
mayor es la propensión a defraudar, lo que se agudiza en un entorno de recesión.
Si se enfrenta la presión fiscal
de los 21 países de la UE con el fraude
directamente imputable a los impuestos, aproximadamente la mitad de él se
explica por la carga tributaria soportada por las familias y por las compañías
(ver Schneider F. and Buehn A, Shadow Economies in Highly Developed OECD
Countries: What are the Driving
Forces?,IZA, 2012).
Desde
esta óptica, el caso español es un ejemplo paradigmático de la curva de Laffer.
La idea de que no hay margen para
bajar los impuestos es errónea. Al contrario, una disminución de la
fiscalidad directa constituye el único instrumento a disposición del Gobierno para fortalecer la recuperación y aumentar los
ingresos del sector
público. Al mismo tiempo, esa medida constituiría de facto una devaluación
interna. Esto es, una disminución de los costes, en este caso tributarios, lo
que constituiría un elemento fundamental para potenciar las ganancias de
competitividad experimentadas por la economía española en los dos últimos años. Por
último, en un
escenario de restricción crediticia, la disminución de los impuestos es esencial
para dotar de mayor liquidez a los hogares y a las compañías,
lo que incentivaría
tanto la demanda como la oferta productiva.
