Bienvenido, Mr. Laffer

(Un texto de Lorenzo B. de Quirós en el suplemento económico de El Mundo del 7 de julio de 2013. Aunque desfasado respecto a la actualidad, conviene recordar un poco de teoría económica.)

Los últimos datos de paro registrado consolidan la tendencia a la baja del desempleo y son el preámbulo del final de la recesión en el segundo semestre de 2013. Las ganancias estructurales de competitividad externa, el intenso desapalancamiento de las familias y de las empresas, el vigoroso proceso de creación de pymes, el progresivo saneamiento del sistema bancario y la mejora de la percepción de los inversores sobre la economía española, reflejada en la trayectoria alcista de la bolsa y bajista de la prima de riesgo, crean las condiciones objetivas para el retorno a tasas de crecimiento y de generación de puestos de trabajo mucho más fuertes que las proyectadas por el consenso de los analistas y por los organismos internacionales. Este cambio de situación y de expectativas es el resultado del fuerte ajuste realizado por el sector privado desde el comienzo de la recesión y de las reformas estructurales introducidas y anunciadas por el Gobierno del Partido Popular.

En ese contexto se enmarca la discusión sobre la política desplegada por el Ministerio de Hacienda y de AA. PP. La interpretación de las críticas a su diseño y ejecución como una expresión de intereses personales o políticos concretos, como un ataque a la estrategia económica general del Gobierno o como una cruzada contra el responsable de ese Departamento es infantil y torticera. Las discrepancias con la actuación de un ministro no implica descalificar el conjunto del programa económico del Gabinete del PP, sino cuestionar una parte concreta de él, porque su fundamentación teórica es errónea, porque sus resultados son negativos y porque su mantenimiento constituye un importe lastre para lograr una disminución sostenible del binomio déficit/deuda y salir con fuerza de la recesión. Este es el fondo de la cuestión y ponerlo de relieve constituye un ejercicio de lealtad al proyecto reformista liderado por Mariano Rajoy.

El Ministerio de Hacienda y AA.PP. sostiene que el ajuste realizado hasta este momento es ortodoxo porque se asienta en una reducción del gasto público del 67% y un aumento de los impuestos del 33%. La historia enseña que los programas de austeridad exitosos reposan en un 85% sobre los recortes del gasto estructural y sólo en un 15% sobre la elevación de la fiscalidad. Además, no todas las subidas impositivas tienen las mismas consecuencias. En concreto, las alzas de la imposición directa -renta y sociedades- tienen siempre efectos nocivos sobre la economía que resultan demoledores en un escenario recesivo o de incipiente reactivación. Por eso, los recientes datos de la Agencia Tributaria son poco alentadores. Como era previsible, la brutal alza de la imposición ha deprimido la recaudación y ha incrementado el déficit. Se han subido los impuestos que más castigan la economía y no se ha reformado/recortado ninguna de las partidas estructurales del gasto. No existe estudio teórico ni base fáctica alguna que respalde la política del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (ver Biggs A., Hasset K. and Jehnsen M. A guide for Deficit Reduction in USA based on Historical Consolidations that Worked, AEI, 2010).

En ningún país de la OCDE se ha producido una elevación de la fiscalidad de la agresividad de la introducida en España para recortar el déficit público y en ninguno ha caído y/o se ha estabilizado la ratio presión fiscal-PIB como ha ocurrido en la vieja Piel de Toro. Por simple regla aritmética, si el PIB cae y los tributos aumentan, la recaudación, la participación de ésta en el producto sube, lo que no pasa en la vieja Hispania. Grecia y Portugal, con contracciones del PIB superiores a la de España desde el inicio de la Gran Recesión, han recaudado más de lo que lo ha hecho el fisco español sin aumentar la tributación directa y, en Irlanda, los ingresos del Estado han iniciado una potente carrera alcista desde 2010. En todos esos países, los tipos impositivos sobre la renta y sobre las sociedades son muy inferiores a los existentes en España. En suma, las medidas tributarias del Ministerio de Hacienda y AA.PP son un factor determinante de la caída de los ingresos. En los últimos años, los aumentos de los impuestos han ocasionado un descenso de casi siete puntos de la recaudación en función del PIB que no es imputable en exclusiva a la crisis.

Por otro lado, la tesis en virtud de la cual ese hecho se ha producido por la existencia de un abultado fraude fiscal supone confundir la causa de ese problema con sus efectos. En cualquier sociedad siempre habrá un porcentaje de ciudadanos dispuesto a cumplir sus obligaciones tributarias, como hay un número de individuos propenso a cometer otro tipo de delitos. Ahora bien, la literatura y la experiencia disponibles muestran la existencia de una estrecha correlación entre el marco impositivo vigente en un país y su volumen de fraude/economía negra. En la práctica, cuánto más altos son los impuestos, mayor es la propensión a defraudar, lo que se agudiza en un entorno de recesión. Si se enfrenta la presión fiscal de los 21 países de la UE con el fraude directamente imputable a los impuestos, aproximadamente la mitad de él se explica por la carga tributaria soportada por las familias y por las compañías (ver Schneider F. and Buehn A, Shadow Economies in Highly Developed OECD Countries: What are the Driving Forces?,IZA, 2012).

Desde esta óptica, el caso español es un ejemplo paradigmático de la curva de Laffer. La idea de que no hay margen para bajar los impuestos es errónea. Al contrario, una disminución de la fiscalidad directa constituye el único instrumento a disposición del Gobierno para fortalecer la recuperación y aumentar los ingresos del sector público. Al mismo tiempo, esa medida constituiría de facto una devaluación interna. Esto es, una disminución de los costes, en este caso tributarios, lo que constituiría un elemento fundamental para potenciar las ganancias de competitividad experimentadas por la economía española en los dos últimos años. Por último, en un escenario de restricción crediticia, la disminución de los impuestos es esencial para dotar de mayor liquidez a los hogares y a las compañías, lo que incentivaría tanto la demanda como la oferta productiva.