(La columna de Cristina
Berechet en el suplemento económico de El Mundo del 15 de septiembre)
Un estudio del lnstitute of Economic Affairs (lEA)
estima que la economía sumergida representa el 10% del PIB de Inglaterra, por
debajo del 14% alcanzado en los países nórdicos o del 20-30% en el caso del sur
de Europa, incluida España (www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/IEA%20Shadow%20Economy%20web%20rev%207.6.13.pdf).
Corrupción. Según el Fondo Monetario Internacional (www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp1247.pdf),
el tamaño de la economía sumergida depende principalmente de la calidad de las
instituciones y del peso de la regulación. Además, los países con más
corrupción son los que más padecen este fenómeno. No obstante, para el lEA, el
principal responsable del problema es el sistema fiscal basado en tipos
impositivos demasiado elevados y unas altas cotizaciones a la Seguridad Social.
También influyen, aunque en menor medida, la ética fiscal de los ciudadanos, la
calidad de las instituciones y la regulación del mercado laboral.
El coste laboral. Las cotizaciones elevadas generan grandes
diferencias entre la remuneración salarial percibida por el trabajador y su
coste para la empresa. Además, en el caso de que un trabajador de la UE lograra
duplicar su sueldo hasta alcanzar el 66% del salario medio, sufriría una
penalización del 58% de los ingresos adicionales. Todo ello incentiva que este
dinero extra se busque en la economía sumergida. Así, una reducción del
esfuerzo fiscal facilitaría: impuestos más bajos, menos trabajadores en la
economía sumergida, una mayor conciencia fiscal, más recaudación y la
posibilidad de reducir los tipos impositivos. Sin embargo, cuando se actúa en
sentido contrario y se suben los tributos, se genera un círculo vicioso: la
economía sumergida aumenta, la recaudación cae, se necesitan más ingresos y,
por tanto, otra subida de tipos. ¿Les suena? ¿Para cuándo unas clases de
iniciación a la economía destinadas a nuestros gobernantes?
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