‘Riesgo moral’ y el rescate de empresas en problemas

(La columna de Pablo Rodriguez Suanzes en el suplemento económico de El Mundo del 22 de marzo de 2009)

En el rescate de una empresa o un banco por el Estado siempre hay un riesgo moral (moral hazard). Con este concepto nos referimos a la posibilidad de que la presencia de un acuerdo entre dos partes modifique el comportamiento de una de ellas. Por ejemplo, si alguien tiene un póliza contra huracanes, será más probable que se compre un chalé junto al mar en Florida: si se lo lleva el mar, que pague el seguro. En una crisis, cuando el Estado interviene en la economía, el riesgo moral implica «privatizar beneficios y nacionalizar las pérdidas». O sea, que el que la hizo no la paga, porque la paga el Estado. James Surowiecki lo resume en The New Yorker (www.newyorker.com/talk/financial/2009/02/09/090209ta_talk_surowiecki).

Los economistas teóricos se toman muy en serio el riesgo moral. En un estudio clásico (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=227162), el Nobel George Akerloff y su colega Paul Romer explican que puede generar situaciones en las que las empresas «tengan un incentivo para ir a la quiebra a costa de la sociedad». No es menos cierto que todos critican el riesgo moral hasta que llegan al poder. En ese momento, la realidad se impone a las formulaciones teóricas y se empieza a ayudar a empresas (o países) en crisis. Ésa es la tesis de Jeff Frankel, ex asesor de Bill Clinton, en un artículo en el blog de Nouriel Roubini (www.rgemonitor.com/globalmacro-monitor/253324/commercial_banks_river_banks_and_moral_hazard).

El problema es que, si no se rescata a las empresas, lo que queda es la máxima atribuida a Andrew Mellon, secretario del Tesoro de EEUU durante el crack del 29: «Liquidar el empleo, liquidar la bolsa, liquidar los granjeros, liquidar el sector inmobiliario». Esa idea provocó, ya lo sabemos, la Gran Depresión. Otra opción es que el riesgo moral haya sido exagerado. Para Steven Kamin, de la Reserva Federal, la experiencia sugiere que ni los inversores ni los gestores toman decisiones pensando en que, si las cosas van mal, el Estado les salvará.