La trampa de la solidaridad

(Un texto de Lorenzo B. Quirós en el suplemento económico de El Mundo del 13 de octubre de 2013)

El sistema de financiación autonómica existente en España puede calificarse en román paladino de catastrófico. De facto ha logrado dos éxitos rotundos: impulsar la generación de un déficit público descomunal y, al mismo tiempo, crear un clima de agravio comparativo en algunas partes del territorio del Estado. En nombre de la solidaridad entre las tierras y hombres de España, como dirían los paladines del Antiguo Régimen, se ha edificado un modelo injusto e ineficiente, que además constituye una fuente de graves problemas políticos e institucionales, una de cuyas expresiones es la situación creada en Cataluña. Sin duda, la cuestión catalana tiene también otras causas, quizá más profundas, pero una de ellas es el marco de relaciones financieras entre el resto de las Españas y el Principado.

Al margen de discusiones tan complejas y, en buena medida estériles, como la de las balanzas fiscales entre las distintas autonomías españolas, lo cierto es que el mecanismo regulador de la financiación de las autonomías está mal concebido y produce resultados perversos. Ni todos los ciudadanos son iguales, excepto ante la ley, ni todas las autonomías lo son ni tienen porqué serlo. En consecuencia, una alicorta visión igualitaria es irreal y no puede convertirse en la base para diseñar un modelo de organización territorial del Estado justo y eficiente. Desde esta óptica, la cuestión no es cómo se distribuye la renta entre las regiones de España, sino cuáles son las condiciones que es preciso establecer en las zonas más atrasadas para crear riqueza en vez de extraerla de las más desarrolladas.

Si se acepta como criterio normativo que todos los ciudadanos han de tener acceso a los denominados bienes públicos de mérito, por ejemplo, la sanidad, la educación etc. es factible alcanzar ese objetivo mediante la fijación por parte del Estado de una oferta pública mínima y universal, financiada con cargo a sus presupuestos. A partir de ese suelo, las comunidades autónomas y/o los municipios podrían elevar esos mínimos y/o ofertar otros programas de bienestar, pero deberán financiarlos con sus propios ingresos. Esto permitiría ofrecer una red de seguridad básica para todos los ciudadanos y, a la vez, evitar una expansión incontrolada de los gastos sociales. Por otra parte, la oferta de servicios públicos o una parte sustancial de ellos no tiene porqué corresponder a ningún nivel de gobierno. Puede estar en manos del sector privado.

Al margen de su deseabilidad moral, cuestión discutible y discutida, las políticas redistributivas de carácter territorial tienen un efecto boomerang sobre sus beneficiarios. Por un lado desincentivan la asignación de los recursos hacia sus usos más productivos; por otro, agudizan las resistencias de sus receptores a realizar los ajustes y reformas precisas para elevar su productividad y, por ende, el PIB per cápita de quienes viven en su territorio. Al liberar a los gobiernos autonómicos o locales de cualquier responsabilidad sobre las políticas que aplican, los subsidios y transferencias realizados desde la Administración Central crean una situación de riesgo moral, que fomenta la perpetuación de las malas gestiones. Cuanto peores son éstas y más pobreza fabrican, también reciben más donaciones del Estado, esto es, del resto de los españoles sean éstos catalanes, madrileños o baleares, por citar a los principales contribuyentes netos.

Casos como el del Mezzogiorno italiano muestran con una claridad abrumadora la ineficacia de estas políticas. Durante más de medio siglo, esa región italiana ha recibido ingentes transferencias fiscales del norte rico, pero éstas no han servido para que aquel reduzca su diferencial de renta con éste. De igual modo, las obtenidas por las regiones menos favorecidas del Canadá, las marítimas, tampoco han servido para que éstas avancen en la convergencia real. Por el contrario, la supresión de los mecanismos de redistribución territorial de la riqueza es una condición para que la reducción de las desigualdades regionales se produzca (Ver Padovano F., A Model of Interjurisdictional Redistribution and Income Convergence, trabajo presentado en el CREI, 2005).

Guste o no, hiera sensibilidades o no, el hecho es que los multimillonarios trasvases de recursos realizados al sur ya las extremas douris patrias, como diría el clásico, desde la restauración de la democracia en España sólo han servido para generar estructuras sociales adictas a la subvención, lo que desincentiva su progreso. Se ha configurado una cultura social, política y económica que encierra en una trampa de subdesarrollo relativo a sus supuestos beneficiarios a costa del esfuerzo de los demás españoles. Esto es así y basta ver la realidad de Andalucía o de Extremadura para entenderlo.